Desde la aprobación del Pacto Nacional para la Transición Energética (PNTE) así como la posterior promulgación de la Ley 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático, la declaración formal de emergencia climática el 14 de mayo de 2019 y el Decreto ley 16/2019, de 26 de noviembre, de medidas urgentes para la emergencia climática y el impulso a las energías renovables, constituyen el marco de desarrollo de la política energética española para hacer frente a los retos de la emergencia climática en los próximos años.

El 1 de agosto el Real Decreto Ley 14/22, establece entre otras medidas un “Plan de choque de ahorro y eficiencia energética en climatización para reducir de forma inmediata el consumo de energía en los edificios administrativos, comerciales y de pública concurrencia (Título V)…”

A nivel local, destaca el Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía, que pretende superar los objetivos de la Unión Europea en materia de reducción de emisiones y de incorporación de las energías renovables. Asimismo, desde las diputaciones se está desarrollando un trabajo importante para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fijados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Agenda 2030.